Síncope Acrítico

Prohibido ducharse

2012-02-07T00:22:00.000-08:00

El latrocinio continúa.

Nuevo tributo por el suministro de agua potable. Esta vez, el ciudadano no lo verá reflejado directamente en la letra del recibo, aunque, casi con toda seguridad, será él quien lo acabe pagando. El proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que se discute en el Parlament incorporará un nuevo gravamen sobre el agua, el cual deberá ser asumido por las compañías suministradoras. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma legal que promueve el Govern para aumentar sus ingresos por el canon del agua y combatir la deuda millonaria generada estos años por las obras hidráulicas y el saneamiento de los ríos.

Las compañías de suministro se han apresurado a replicar que, sintiéndolo mucho, y ante la subida que se les viene encima, no tendrán más remedio que proponer que el nuevo costo sea repercutido en la tarifa final de usuario. Según sus cálculos, el recibo aumentará en la mayor parte de Catalunya entre un 7% y un 30%, aunque depende del municipio y de la situación de partida. A la vez alertan de que algunas pequeñas empresas entrarán en número rojos.

La necesidad del Govern de aumentar la recaudación para afrontar la deuda del agua hará que esta vez sean las compañías de suministro las que deban arrimar el hombro. Para ello deberán afrontar también el pago del canon del agua. Hasta ahora, este canon (incluido en el recibo) sólo lo pagaban los usuarios domésticos y las industrias. Con la modificación legal en curso, también lo asumirán las suministradoras. El problema es que las empresas de abastecimiento han hecho sonar ya las alarmas y avisan de que piensan incorporar el sobrecoste en la tarifa final al usuario, con lo que "se producirá una doble tributación por el canon del agua", admiten las compañías.

Fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) precisaron que se trata de un doble gravamen: uno por el agua que capten en el medio natural y libren a sus abonados y otro por el que se desaprovecha por pérdidas y fugas. "Estas medidas buscan que las entidades suministradoras optimicen el funcionamiento de sus redes, mejoren la eficacia y reduzcan sus pérdidas y fugas", indicaron fuentes de la ACA.

La medida afectará a toda Catalunya y a las 860 compañías de suministro (452 están en manos municipales; 136 son empresas privadas y 272, de asociaciones de propietarios, de urbanizaciones y demás). Las compañías obtienen estos recursos de los embalses o las potabilizadoras de la Generalitat o de sus propias plantas.

Tanto fuentes del Àrea Metropolitana de Barcelona como de las compañías de suministro expresaron su oposición al nuevo canon, puesto que se suma a uno ya existente, y porque les resultará de muy difícil justificación ante el ciudadano. En este caso, el canon se incorporará a la parte del costo del servicio que prestan las compañías y no al canon complementario que cobra la Generalitat, con lo cual el ciudadano no percibirá en el recibo la presencia del nuevo gravamen, aunque sí la subida del precio.

"El ciudadano sólo verá que paga más en el recibo y pensará que la culpa es de su ayuntamiento o de la compañía, sin saber que en realidad es un impuesto de la Generalitat", declararon fuentes del Àrea Metropolitana de Barcelona, que debe aprobar las tarifas en los 33 municipios de la conurbación barcelonesa.

Las compañías suministradoras están muy disgustadas, porque, ante el ciudadano, serán ellas las responsables de la subida, cuando en realidad actúan como meras recaudadoras de un canon que va a la administración.

"Lo que hace el Govern es una doble tarifación del canon", no dudó en opinar Jordi Terradas, portavoz del PSC en el Parlament en materia de medio ambiente. Terrades se queja de que los alcaldes se verán obligados a repercutir la tarifa sobre el ciudadano de una manera nada transparente en el recibo.

Los presupuestos de la Agència Catalana de l'Aigua prevén para este año un incremento del 26% en concepto de ingresos por el canon, lo que demuestra, según Terrades, que las subidas serán muy superiores a las que se habían anunciado hasta ahora.

La instauración del nuevo gravamen fue debatida el pasado viernes en una reunión en la que participaron el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; el director de la Agència de l'Aigua, Leonard Carcolé, y representantes de diversas compañías de agua (como las de Sabadell o Vic, entre otras). Estas expresaron mayoritariamente su oposición a esta medida.

El porcentaje de incremento para la tarifa final podría ser del 2% en el área de Barcelona, pero en el conjunto de Catalunya podría acarrear aumentos de entre un 7% y un 30% (para las zonas donde el agua es ahora más barata), según las mismas fuentes.

El Gobierno catalán proyecta, asimismo, modificar otros artículos de la ley del canon del agua, como la previsión de que, a partir de ahora, sean las empresas de abastecimiento las responsables de los impagos del canon. Hasta ahora, los ayuntamientos y las compañías de suministro transferían el canon a la Generalitat, pero no tenían responsabilidad si los abonados no pagaban.

Se calcula que la Generalitat deja de percibir una media de casi 3,5 millones de euros al año por el impago del canon, que supone un 30% del total de la factura del agua. De hecho, este concepto ha aumentado un 25% por la crisis. En el año 2008, el impago del citado canon ascendió a 2,8 millones de euros, mientras que en el año 2009 subió a 3,4 millones. Con esta medida, se pretende que las compañías agoten todas las posibilidades de perseguir a los morosos.

Otra novedad prevista en el proyecto de ley es que los ayuntamiento deberán también pagar el canon por el uso de agua para servicios municipales, algo de lo que hasta ahora estaban exentos.

De esta manera, los ayuntamientos deberán hacer frente –pagando a la Generalitat– al canon correspondiente a los suministros de fuentes de agua potable, fuentes ornamentales, riego de parques y jardines y baldeo de calles. Este tributo sólo gravará los consumos en que se utilice agua potable, por lo que los ayuntamientos que hayan aprovechado sus reservas subterráneas o hayan recurrido a políticas de reutilización del agua (como es el caso de la ciudad de Barcelona) verán rebajada esta factura. Aquellos municipios que derrochen agua potable verán, por el contrario, penalizado su comportamiento con este tributo.

Un nuevo canon a las compañías de agua podría provocar otro aumento del recibo de hasta un 30%

ver tambien : Ante la privatización del agua de Madrid « El Periscopio

Golpe de Estado neofascista en España

2011-12-30T21:18:00.000-08:00

El Gobierno neofascista del PP ha anunciado un recorte sin precedentes en la historia del posfranquismo. El efecto del tijeretazo ha sido mayor de lo esperado bajo un argumento ya manifasser de la derecha Nazional y europea que el gobierno saliente no sabía hacer las cuentas y que el 6% de déficit público con lo esperado cerrar el año ascenderá al 8%. Lo hizo Mas, lo copió Cospedal y, desde el asalto a Grecia y sus cuentas falseados por Goldman Sachs, es el guión de la misma comedia con la que el neoliberalismo / neofascismo toma el poder. A pesar de su demagógica defensa electoral de los "más débiles", Rajoy ha aprobado una subida de impuestos para todos los contribuyentes con nómina, no por defraudadores y empresarios en general, al incrementar el IRPF entre un 0,75% y un 7%, en función los tramos. Será un "recargo complementario de solidaridad", según la ha definido hipócritamente la boca del Gobierno. La cuota estatal sube en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable. Un ejemplo: quien cobre entre 12.000 a 16.000 euros tendrá que pagar 53 euros más. Aquellos que ganen entre 16.000 y 22.000 euros se toparán con una subida del entorno de 80 euros. Sólo con las rentas del trabajo del Ejecutivo prevé recaudar 6.200 millones de euros. El presidente del Gobierno prometió en el único debate electoral con el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no subiría los impuestos. Otro impacto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos se producirá con el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dos próximos años. Se espera recaudar con ello 918 millones de euros. Recorte del gasto de 8.500 millones El Gobierno ha aprobado un primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros. El ministro de Hacienda, el repetidor que con Aznar y Rato preparó la burbuja inmobiliaria por Lehman Brothers (de donde provienen De Guindos y su amigo el nuevo director del Tesoro), Cristóbal Montoro, ha explicado que los recortes más recaerán sobre el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1016 millones). En el Ministerio de Educación se le reducirá el presupuesto en 485 millones, en Empleo, 439 millones, a Hacienda, 432 millones, a Sanidad, 409 millones, a Agricultura, 401 millones, a Defensa, 340 millones; en Interior, 163 millones , a Justicia, 48 millones; ya Presidencia, 19,6 millones. Pero, contradictoriamente con el argumento del PP, el Ejecutivo ha extendido a todo 2012 el IVA 'superreducido' del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción por la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010, lo que supondrá un gasto en el estado de 1.500 millones de estos euros que no se tienen, para hacer que las rentas altas-a las que el cambio del PSOE sacó la desgravación-la recuperen. Tampoco ha mencionado la portavoz del Impuesto de Sociedades ni el de Sucesiones o Patrimonio, que se mantienen como el pastel para los amigos, socios y familia del gobierno. Son dinero, al parecer, que no hay, sólo el de las clases asalariadas es menester para acabar con una crisis que el PP participó globalmente a crear y que ahora se empeña en agudizar hasta la recesión, como afirman todos los economistas que no están a sueldo de Intereconomía y del gobierno incluyendo Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Miren Etxezarreta o Vicenç Navarro en impuestos especiales, el PP ha eliminado la bonificación al gasóleo profesional. La tarifa de la luz no se incrementará, pero el gas subirá un 0,5%. El Ejecutivo ha acordado la actualización de las pensiones a la previsión del IPC para 2012, que sitúa en el 1% según las cuentas de Montoro. Se mantienen las prestaciones por desempleo, se prorrogará la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos cuando finalice su vigencia, el próximo mes de febrero, y la congelación de los salarios públicos. El PP limita la ayuda de 210 euros durante cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años llamada Renta Básica de Emancipación, tras cuatro años en vigor y un total 301.254 beneficiados, según los últimos datos al cierre del primer semestre del año. El Gobierno ha decidido no incorporar "más beneficiarios a esta renta de emancipación" que sus ya la cobran, y que seguirán cobrando-. Asimismo, se congela el salario mínimo interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes, el segundo más bajo de Europa de la que España dice ser la cuarta economía ..., el mismo lugar que ocupa en el ranking de fraude fiscal que logró en 2011 los 107.000 millones de euros, de los cuales el 80%, según los técnicos de Hacienda, corresponde a las rentas más altas, es decir, al Partido Popular. Se emprenderá una "importante reducción" en cargos de subsecretarios y directores generales del 18,9%, apartando a los funcionarios poco sumisos o manipulables, se reducirá un 20% las subvenciones a los partidos políticos, a sindicatos y organizaciones empresariales, se congela el sueldo a por ponerlos de confianza, como ya han hecho Mas y Cospedal, aumentando además sus remuneraciones hasta un 20%. Se amplía la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas. La plantilla de todas las administraciones, salvo los servicios básicos-docentes, personal de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado e inspectores tributarios y laborales-será cero. Además, el Gobierno ha decidido aprobar la Ley Sinde contra la libertad en Internet, suprimir el canon digital pero aprobó la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores ante del "expolio" de las páginas de internet de descarga ilegal de contenidos, lo que supondrá la censura unilateral y sin pasar por el juez, así como el cierre arbitrario de webs.

Noticias Sirius: El PP sube el IRPF y da un golpe de estado